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Los gobiernos PP-Vox cuestan derechos: donde mandan juntos, la ciudadanía retrocede

Los gobiernos PP-Vox cuestan derechos: donde mandan juntos, la ciudadanía retrocede
No es una hipótesis. No es una exageración de campaña. No es el miedo preventivo de la izquierda. Donde PP y Vox han gobernado juntos, los derechos han retrocedido. Punto. Los últimos acuerdos alcanzados en Extremadura, Aragón y Castilla y León no son una novedad inocente ni una simple reedición parlamentaria. Son la vuelta al mismo laboratorio reaccionario que ya funcionó entre 2022 y 2024 en cinco comunidades autónomas: Extremadura, Aragón, Castilla y León, País Valencià y Región de Murcia. El PP intenta venderlo como estabilidad. Vox lo llama “prioridad nacional”. La ciudadanía acaba pagando la factura. Y no precisamente en abstracto. La paga con leyes de memoria mutiladas, políticas de igualdad recortadas, censura cultural, ataques a las personas LGTBIQ+, desprecio a las lenguas propias, hostilidad hacia las personas migrantes y una obsesión casi folclórica por financiar la tauromaquia mientras se recorta en cooperación, sindicatos o cultura.

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